El anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco de que Solaria promueve 19 nuevos parques fotovoltaicos en Araba, que ocuparían una superficie de cerca de 1.200 hectáreas en una docena de municipios, ha encendido las alarmas en la zona rural del territorio y empieza a generar también reacciones institucionales.
Así, el Pleno del Ayuntamiento de Ribera Alta ha aprobado este jueves una moción en la que reclama a las instituciones competentes que apliquen todas las «directrices, condiciones y requisitos incluidos en los Planes Territoriales Sectoriales y en los Planes Territoriales Parciales que regulan y ordenan la implantación de estos proyectos» para garantizar que su despliegue sea compatible con «la preservación de los suelos de Alto Valor Estratégico agrológico, la producción de alimentos, el patrimonio natural, y la calidad de vida de las poblaciones del medio rural alavés».
Participación social
La moción aprobada con los cuatro votos del grupo municipal del PNV y el rechazo de los dos de EH Bildu, y que enmendaba una iniciativa de la formación soberanista, reclama además la «creación de proyectos que permitan la participación de los agentes públicos, sociales y económicos del territorio, con el objetivo de garantizar una transición energética justa y democrática que cubra las necesidades energéticas de nuestro territorio».
Alegaciones
En conversación con ZUK, el alcalde de Ribera Alta, Javier Gallego, explica que su grupo está «en la línea» de la moción de EH Bildu, pero no coincide en la petición de destinar una partida económica específica para apoyar a las juntas administrativas del municipio a la hora de presentar alegaciones a estos proyectos. Gallego señala que el propio ayuntamiento va a facilitar, publicitar y promover la presentación de estas alegaciones con modelos que pondrá a disposición de la ciudadanía, las asociaciones o los concejos, como ya ha hecho en otras ocasiones.
La moción de EH Bildu
En la iniciativa enmendada, EH Bildu advierte de que el hecho de que aún no se haya aprobado el nuevo el Plan Territorial Sectorial de la Energía Renovable hace que sean «las empresas quienes deciden dónde, cuándo y cómo quieren desplegar la energía renovable. Si los planes de Solaria se cumplen -prosigue el texto-, la empresa llegaría a instalar cerca de 30 centrales fotovoltaicas en Álava».
La formación insta al Gobierno Vasco a «asumir su obligación de poner orden en el despliegue de renovables y a la Diputación Foral de Álava a que colabore en esa dirección», reclama «procesos deliberativos comarcales efectivos que garanticen una participación ciudadana real», pide a las instituciones competentes que estudien «todos los mecanismos jurídicos e institucionales para denegar la autorización administrativa previa a Solaria, y defiende la habilitación de la partida económica que rechaza el grupo municipal jeltzale.
FOTOGRAFÍA: Txus Díez
