Siete de cada diez ayuntamientos de Euskadi carecen actualmente de interventor titular por el déficit generalizado de personal funcionario de Secretaría, Intervención y Tesorería en la Administración Local vasca. Solo el 30% de los cerca de 400 puestos reservados existentes en la comunidad autónoma están cubiertos por personal titular. En Álava, con municipios menos poblados, esta tendencia es más acusada, y compromete su funcionamiento ordinario, según han señalado ese lunes representantes del Gobierno Vasco, las diputaciones forales y Eudel en una comparecencia conjunta en la sede del Ejecutivo autónomo de Lakua.
Sin ir más lejos, en los últimos días Elburgo, Navaridas y Leza han convocado procesos para cubrir el puesto de Secretaría-Intervención.
La causa, la «judicialización constante»
En Euskadi existen cerca de 400 plazas de Secretaría, Intervención y Tesorería -figuras incluidas dentro del funcionariado de Administración Local con habilitación nacional-, pero únicamente alrededor del 30% están ocupadas por personal titular. Los interventores son responsables del control económico y del uso adecuado de los recursos públicos municipales, y por lo tanto su ausencia en los ayuntamientos alaveses genera dificultades en la gestión presupuestaria, la fiscalización del gasto y la tramitación administrativa.
Desde las instituciones vascas señalan que el problema no responde a inacción administrativa, sino a la “judicialización constante” de los procesos de selección.
Años de recursos y suspensiones judiciales
Las ofertas públicas de empleo, procesos de estabilización y bolsas temporales promovidas en los últimos años han sido recurridas, lo que ha provocado suspensiones cautelares, anulaciones judiciales y cuestiones de inconstitucionalidad.
Entre los hitos recientes, el Tribunal Constitucional anuló en abril de 2024 una disposición incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 (STC 67/2024), aunque sin cuestionar el fondo competencial. Posteriormente, la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia volvió a reconocer las competencias de Euskadi en esta materia, pero nuevas cuestiones de inconstitucionalidad han prolongado la inseguridad jurídica.
Nuevas bolsas temporales con mayores garantías
Ante esta situación, el Gobierno Vasco presentará a finales de marzo nuevas bases para la constitución de bolsas temporales con mayores garantías jurídicas. Los exámenes para conformarlas se celebrarán antes del verano y, a partir de septiembre, se podrá optar a estas plazas.
Las diputaciones forales están apoyando además a los ayuntamientos que optan por crear sus propias bolsas municipales para paliar la falta de interventor titular y de personal habilitado. En paralelo, se ha culminado un proceso de estabilización que ha permitido el nombramiento y asignación de primer destino a 50 personas funcionarias de carrera.
Un problema estructural en la administración local
El funcionariado de Administración Local con habilitación nacional incluye secretarios y secretarias, encargados de velar por la legalidad de las decisiones municipales; interventores e interventoras, responsables del control económico; y tesoreros y tesoreras, que garantizan la liquidez municipal.
Las instituciones han anunciado también la elaboración de un nuevo decreto que clarificará las responsabilidades de cada nivel institucional con el objetivo de establecer un sistema estable y adaptado a la realidad vasca.
FOTOGRAFÍA: Txus Díez/Diputación Foral de Álava
