UAGA ha reclamado modificaciones en el proyecto de Ley de medidas urgentes de simplificación y agilización de la Administración para la actividad económica sostenible al considerar que, en su redacción actual, puede facilitar la implantación de grandes proyectos reduciendo las garantías de participación social y el peso de las instituciones locales.
El sindicato trasladó esta posición el pasado martes durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco, a petición de los grupos parlamentarios.
Preocupación por los Proyectos de Interés Público Superior
Según UAGA, la norma va más allá de la simplificación administrativa y puede convertirse en una herramienta para acelerar la ejecución de determinados proyectos estratégicos.
En este sentido, el sindicato considera especialmente preocupantes los artículos relativos a la declaración de utilidad pública de determinadas infraestructuras y a los denominados Proyectos de Interés Público Superior. A su juicio, la redacción actual genera incertidumbre sobre qué actuaciones podrían acogerse a este procedimiento y abre la puerta a agilizar proyectos con una participación pública y local insuficiente.
Por ello, rechaza cualquier medida que pueda limitar la capacidad de decisión de ayuntamientos y juntas administrativas, al entender que son las instituciones que mejor conocen la realidad del territorio y las afecciones que pueden generar este tipo de iniciativas.
Respaldo a algunas medidas para el medio rural
UAGA ha valorado positivamente algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley dirigidas al desarrollo rural y al sector agrario, como la simplificación de determinadas inspecciones, el impulso al emprendimiento en el medio rural, la mejora de las infraestructuras de comunicación y las políticas específicas de vivienda para pequeños municipios.
En materia de agricultura ecológica, el sindicato también ha defendido que la certificación continúe siendo una competencia pública a través de ENEEK y ha rechazado la incorporación de certificaciones privadas.
Pide reforzar las garantías ambientales y sociales
El sindicato considera, sin embargo, que estas medidas tienen un alcance limitado dentro de una ley cuyo objetivo principal es facilitar la implantación de proyectos considerados estratégicos.
Por ello, reclama que el texto se modifique para garantizar la participación ciudadana, preservar la autonomía de las instituciones locales y asegurar que cualquier proyecto con incidencia sobre el territorio cuente con las máximas garantías ambientales y sociales.
Asimismo, UAGA ha defendido que la transición energética y el desarrollo económico deben avanzar junto a la soberanía energética, alimentaria y territorial mediante procesos transparentes, consenso social y una planificación a largo plazo.
FOTOGRAFÍA: Parlamento Vasco
