Los ayuntamientos de Laudio y Amurrio han reclamado en sendas declaraciones institucionales al Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno de España y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que prioricen la continuidad de las plantas de Tubos Reunidos y la conservación de los puestos de trabajo. Las juntas de portavoces de los dis consistorios ha difundido instan a las administraciones y a los posibles inversores a impulsar un proyecto industrial solvente y con garantías de futuro.
El pronunciamiento municipal se refiere a las unidades productivas de Amurrio, Iruña de Oca y Trapagaran. El Consistorio pide que cualquier solución conserve su capacidad productiva, así como los vínculos tecnológicos y comerciales entre las instalaciones.
Estudiar la refinanciación y las posibles quitas
Uno de los puntos centrales del acuerdo es el tratamiento del crédito de la SEPI. La Junta de Portavoces exige a la administración concursal y a los ofertantes que, junto con la SEPI, el Gobierno Vasco y la Diputación, exploren todas las soluciones permitidas por la legislación española y europea, incluida la refinanciación o reestructuración de la deuda y, si fuera legalmente admisible, una quita total o parcial.
Compromisos verificables de inversión y empleo
Los dos ayuntamientos de Aiaraldea solicitan que, dentro de los criterios legales de adjudicación, se prioricen las ofertas que mantengan en funcionamiento las unidades productivas y sus relaciones industriales. Para ello reclama compromisos verificables de inversión, mantenimiento de la actividad y conservación del empleo, así como la participación de la representación legal de las personas trabajadoras.
Las juntas de portavoces piden además al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Álava que establezcan, en colaboración con los ayuntamientos, un marco de coordinación con la administración concursal, los representantes de las plantillas y los inversores interesados. El objetivo es identificar y negociar una solución que permita la continuidad industrial del conjunto de las instalaciones.
Las declaraciónes se trasladarán al Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, la SEPI, la Comisión Europea y la representación de los trabajadores.
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