En breve comenzarán las obras del primer parque eólico que se construye en Araba en décadas, el de Labraza, con la oposición de los habitantes de este concejo de Oion. El gobierno municipal de EH Bildu, con su alcalde José Manuel Villanueva a la cabeza, dio el visto bueno al Plan Especial que autoriza la construcción de la infraestructura, pese a que la formación se opone a la misma. Alegaban los ediles de EH Bildu que, de votar contra la autorización urbanística, cometerían un delito de prevaricación, un temor real que se ha extendido por los pueblos de Araba.
Ediles bajo presión
Alcaldesas y alcaldes se ven sometidos a una intensa presión popular contraria a los proyectos de energías renovables, por un lado; y a la obligación de cumplir con la legalidad más allá de sus posicionamientos personales o políticos, por otro.
Sin marco jurídico
Sin embargo, puede que esa obligatoriedad de tramitar aquellos parques que hayan autorizado instancias superiores no sea tal. Arabako Herri Unibertsitatea (AhU) celebró una jornada en colaboración con la Universidad del País Vasco en Gasteiz en la que se debatió sobre un informe jurídico que se está llevando a cabo desde la AhU que cuestiona la validez de estos procedimientos en ausencia de un Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables aún pendiente de aprobación. Es decir, no hay un marco jurídico y político claramente definido.
Ante representantes de ayuntamientos y entidades locales de Álava, el catedrático emérito de Derecho Administrativo de la UPV/EHU Iñaki Lasagabaster dio cuenta de dicho informe, que forma parte de un análisis más amplio desarrollado por profesionales del ámbito académico, jurídico y asociativo alavés.
Esta iniciativa multidisciplinar busca ofrecer herramientas técnicas y jurídicas que permitan una implantación ordenada y justa de las energías renovables, respetando la legalidad y los derechos de las entidades locales.
Respeto al ordenamiento territorial
En la presentación llevada a cabo en el centro Micaela Portilla de la UPV se explicó que, lejos de constituir un delito de prevaricación, rechazar la aprobación de Planes Especiales que permitan construir instalaciones renovables antes de que se aprueben los planes territoriales parciales y sectoriales constituye una decisión jurídicamente fundamentada que respeta el ordenamiento territorial.
Por el contrario, forzar la aprobación de esos planes especiales sin planificación superior podría suponer ignorar las Directrices de Ordenación del Territorio y abrir la puerta a desarrollos sin límites ni garantías, señala el informe.
En la actualidad 25 ayuntamientos alaveses, más la mancomunidad de Badaia y el municipio de La Puebla de Arganzón, en Treviño, están afectados por proyectos en tramitación.
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