La Diputación Foral de Álava ha rechazado la proposición presentada por EH Bildu para reducir de 600.000 a 120.000 euros el umbral económico a partir del cual una persona o empresa puede aparecer en el listado público de deudores de la Hacienda Foral. El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado este martes un acuerdo en el que muestra su oposición a la iniciativa y traslada a las Juntas Generales su posición contraria a la toma en consideración de la propuesta.
Álava defiende mantener el límite actual de 600.000 euros
La institución foral recuerda que el umbral actualmente vigente de 600.000 euros coincide con el establecido en Bizkaia, Gipuzkoa y en la normativa estatal. Según sostiene la Diputación, esta armonización permite reservar la publicación de deudores a situaciones de especial relevancia económica y evita diferencias de criterio entre territorios. El Ejecutivo foral considera que EH Bildu no ha acreditado suficientemente que rebajar el límite hasta los 120.000 euros contribuya de forma efectiva a mejorar la lucha contra el fraude fiscal o a incrementar el cobro de deudas tributarias.
La Diputación advierte del impacto reputacional de la medida
El acuerdo aprobado subraya que la publicación de deudores constituye una medida excepcional, con carácter preventivo y disuasorio, pero no un instrumento principal de lucha contra el fraude.
Por este motivo, la Diputación entiende que ampliar su alcance podría desplazar la atención desde las herramientas de inspección, control y recaudación hacia mecanismos de exposición pública con un importante impacto reputacional sobre las personas afectadas.
La institución defiende que la lucha contra el fraude debe apoyarse prioritariamente en actuaciones de comprobación, investigación, recaudación, derivación de responsabilidades y sanciones.
Riesgos para la protección de datos y la seguridad jurídica
La Diputación Foral también señala diversas objeciones técnicas a la propuesta registrada por EH Bildu. Uno de los aspectos cuestionados es que la nueva redacción planteada eliminaría de facto el límite actual de tres meses durante los que el listado de deudores puede permanecer accesible públicamente. Según el informe técnico elaborado por la institución, esta modificación podría incrementar la afectación sobre derechos como el honor, la intimidad y la protección de datos personales.
Además, el Ejecutivo foral advierte de que la iniciativa no incluye una disposición específica sobre su entrada en vigor ni contempla un régimen transitorio para las situaciones ya existentes, lo que, a su juicio, genera inseguridad jurídica.
La propuesta continuará su tramitación en las Juntas Generales
Con este acuerdo, la Diputación traslada oficialmente a las Juntas Generales de Álava su rechazo a la iniciativa impulsada por EH Bildu.
FOTOGRAFÍA: Txus Díez
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