La asociación ciudadana EKI ha denunciado lo que considera una “estrategia de bloqueo” en la Cuadrilla de Rioja Alavesa, tras las declaraciones del presidente de la institución, Txema Elvira, sobre la ampliación de la denuncia presentada por Podemos ante la Fiscalía por presuntas irregularidades y una presunta prevaricación administrativa en el proyecto de ampliación del vertedero de Valdeaguilar, en Oion.
La revisión del expediente
EKI pidió a la Cuadrilla la revisión del expediente. La institución recabó un informe externo según el cual no procedía la admisión de dicha solicitud, una decisión que llevó a Podemos a ampliar su denuncia contra los promotores de la infraestructura, admitida a trámite, hacia los miembros de la Cuadrilla que avalaron con su voto esta decisión.
Elvira explicó a este periódico que la institución reclamó un informe jurídico porque la interventora, que es jurista pero no abogada, no tenía la capacidad de dilucidar si procedía o no la revisión del expediente. «Habríamos prevaricado si no hubiéramos solicitado ese informe», aseguró Elvira, que además recordó que cabía recurrir por la vía administrativa antes de presentar una denuncia penal.
Al hilo de estas declaraciones, EKI afirma que el expediente presentaba indicios de nulidad de pleno derecho y que impedir esta revisión constituye un hecho grave que debe ser investigado por la Fiscalía, más allá de que quepa recurso administrativo, que en todo caso se presentó el pasado 3 de febrero. Según explican, cuando existen indicios de nulidad de pleno derecho, la administración tiene la obligación de revisar sus propios actos conforme a la normativa administrativa.
El criterio técnico de Intervención
La asociación también considera grave que se haya cuestionado la capacidad técnica de la Interventora por no ser abogada. Recuerdan que los interventores habilitados nacionales tienen la potestad legal de fiscalizar la legalidad de la actuación administrativa.
En este sentido, EKI asegura que se han desoído advertencias técnicas sobre la necesidad de revisar el expediente y cree que la petición de un informe externo busca «dotar de una falsa apariencia de legalidad a una decisión política previa justificar una decisión política previamente adoptada».
En relación a la búsqueda externa de un criterio especializado, EKI explica que la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que la prevaricación puede producirse cuando se buscan informes que respalden decisiones contrarias a la legalidad. Desde la asociación consideran que la cuestión no es una discrepancia interpretativa, sino la presunta inadmisión arbitraria de un procedimiento legal obligatorio, lo que justificaría la vía penal.
Investigación de la Fiscalía
La asociación ciudadana insiste en que corresponde ahora a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades penales derivadas de la decisión adoptada en la Cuadrilla. “No se puede utilizar el dinero público para comprar informes que sirvan de escudo ante posibles irregularidades. La inadmisión de la revisión de oficio es un acto de extrema gravedad que no vamos a dejar pasar”, concluyen desde EKI.
FOTOGRAFÍA: AFA Hirigintza
