La Fiscalía Provincial de Álava ha admitido a trámite la denuncia presentada por Podemos Euskadi y la asociación ciudadana EKI en relación con el vertedero de Valdeaguilar de Oion, con lo que se abre una investigación sobre posibles irregularidades en la gestión del proyecto, según ha anunciado este viernes la secretaria de Organización de Podemos Euskadi, Leticia Jiménez, en una rueda de prensa celebrada en Gasteiz.
La denuncia contra el anterior presidente de la cuadrilla, Joseba Fernández; y el representante de la empresa adjudicataria Ecoprec; registrada el pasado 10 de diciembre, plantea la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y coacciones o amenazas a un funcionario público, ha recordado Jiménez.
Investigación sobre el vertedero
Podemos considera que la ampliación del vertedero esconde una “privatización encubierta” de la infraestructura y que en el proyecto se habrían desviado alrededor de un millón de euros de fondos públicos hacia intereses privados.
Leticia Jiménez subraya que la denuncia supone “el primer paso” para esclarecer unos hechos que, según la formación, podrían afectar al patrimonio público, al medio ambiente y al funcionamiento institucional.
La denuncia presentada por Podemos se basa en la documentación recopilada durante los últimos meses junto a la asociación EKI.
Ampliación de la denuncia
La formación, además, ha ampliado la denuncia contra los diez representantes de la actual Cuadrilla de Rioja Alavesa que votaron a favor de inadmitir la revisión de oficio del caso, así como contra la secretaria-interventora de la institución, a quienes acusan de un delito de prevaricación.
Según la denuncia, la decisión de no revisar el expediente se habría apoyado en un informe jurídico externo solicitado a un despacho especializado, a sabiendas, según Podemos, de que “era arbitraria e ilegal”.
La respuesta de la Cuadrilla
Contactado por este periódico, el actual presidente de la cuadrilla de Rioja Alavesa, Txema Elvira, explica que la institución reclamó un informe jurídico porque la interventora, que es jurista pero no abogada, no tenía la capacidad de dilucidar si procedía o no la revisión del expediente. «Habríamos prevaricado si no hubiéramos solicitado ese informe», asegura. Elvira, por otro lado, muestra su extrañeza por la ampliación de la denuncia contra la actual representación de la Cuadrilla porque su decisión no agotaba la vía administrativa y Podemos podía haberla recurrido sin tener que entrar en el ámbito penal.
Posición del Ayuntamiento de Oion
En relación a las acusaciones de amenazas a un funcionario por parte de la empresa solicitante del proyecto, el Ayuntamiento de Oion negaba el pasado mes de octubre que se hubieran producido, y aseguraba que la institución se limitó a cumplir los trámites previstos en la normativa urbanística.
FOTOGRAFÍA: Podemos Euskadi
