El Gobierno Vasco reforzará durante los próximos cuatro años el control de las condiciones laborales y de alojamiento de las personas temporeras que trabajan en las campañas agrícolas de Euskadi, con especial incidencia en territorios como Rioja Alavesa durante la vendimia. El nuevo plan prevé aumentar las inspecciones, combatir las fórmulas de contratación irregular y crear una certificación denominada huella social para reconocer a las explotaciones y empresas que apliquen buenas prácticas laborales y sociales.
Son algunas de las medidas incluidas en el VI Plan Integral de Atención a las Personas Trabajadoras Temporeras 2026-2030, presentado este jueves en Gasteiz. El documento aborda tres ámbitos principales: contratación, alojamiento y atención a las personas trabajadoras.
En 2025 había en Euskadi 147 alojamientos registrados para temporeros, con capacidad para 1.479 personas. Dentro del Programa de Temporerismo Agrario se formalizaron 1.781 contratos correspondientes a 833 trabajadores, con alrededor de 21.000 jornadas trabajadas y cobertura para 239 explotaciones agrarias.
Más inspecciones contra la contratación irregular
Uno de los cambios previstos para el periodo 2026-2030 será la intensificación de las inspecciones durante las campañas agrícolas y una mayor coordinación entre las instituciones para actuar frente a redes de intermediación irregular. El plan plantea prestar especial atención a estructuras que puedan funcionar de forma encubierta como empresas de servicios para facilitar contrataciones irregulares, así como a situaciones en las que se utilice documentación perteneciente a otras personas.
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha señalado que el objetivo es combinar «control, prevención, alojamiento y atención social» para que el trabajo temporero se desarrolle con garantías.
Una ‘huella social’ para las explotaciones con buenas prácticas
Otra de las novedades será la creación de una huella social, una certificación destinada a identificar y reconocer a las explotaciones y empresas que cumplan determinados criterios de buenas prácticas laborales y sociales. El Gobierno Vasco plantea que el cumplimiento de unas condiciones adecuadas tanto en la contratación como en el alojamiento pueda servir también como elemento de diferenciación positiva para las explotaciones.
Esta medida tendrá especial relevancia en campañas con una elevada presencia de trabajadores temporeros, como la vendimia de Rioja Alavesa, pero el plan abarca también otras actividades agrícolas de Euskadi.
Más alojamientos colectivos y sanciones por incumplimientos
El Gobierno Vasco pretende reforzar la red de alojamientos colectivos municipales y reducir la dependencia de soluciones privadas. También se mantendrán las ayudas para crear, adaptar y equipar instalaciones destinadas a alojar a trabajadores temporeros.
Durante la vigencia del plan se iniciará la actualización de la normativa sobre las condiciones mínimas de habitabilidad. La futura regulación incorporará un régimen específico de incumplimientos y sanciones.
A ello se sumará un plan de contingencia para responder a situaciones sobrevenidas en las que un grupo de trabajadores se quede sin alojamiento durante una campaña, con una red previamente identificada de plazas alternativas.
Prevención de riesgos en la vendimia, la patata y otras campañas
El VI Plan reforzará la información sobre derechos laborales, salud y prevención de riesgos. El Libro de Acogida será actualizado y contará con formatos digitales. Además, se elaborarán protocolos específicos de prevención de riesgos laborales para campañas como la vendimia, la espergura, la recogida de guindilla, la manzana y la patata.
El objetivo: duplicar el peso de las mujeres entre los temporeros
El plan incorpora además una línea específica dirigida a la incorporación y permanencia de las mujeres en el trabajo temporero. Su evolución será objeto de seguimiento anual y el objetivo fijado para 2030 es duplicar el peso de las mujeres dentro del colectivo.
El Gobierno Vasco estudiará también un programa específico de contratación en origen para Euskadi, en coordinación con el Gobierno de España, y trabajará con Lanbide y entidades sociales para facilitar la incorporación de personas residentes en situación de desempleo. El VI Plan Integral de Atención a las Personas Trabajadoras Temporeras estará vigente hasta 2030 y tendrá un seguimiento anual a través de una mesa interinstitucional.
FOTOGRAFÍA: UAGA
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