Las asociaciones Biharko Lautada, Arabako Mendiak Aske y Araba Bizirik han presentado dos recursos de alzada ante el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco contra las autorizaciones administrativas concedidas a las centrales fotovoltaicas Igorita (2,5 MW) y Asparrena (4 MW), así como contra sus infraestructuras asociadas.
Los colectivos consideran que ambos proyectos presentan deficiencias ambientales, territoriales y procedimentales que, afirman, deberían conllevar la anulación de las resoluciones que permiten su desarrollo.
Fraccionamiento del proyecto Igorita-Katarri
En el recurso relativo al proyecto Igorita, las asociaciones denuncian el fraccionamiento del proyecto conjunto Igorita-Katarri, promovido por la misma empresa y que comparte infraestructuras como la línea de evacuación de energía. Según explican, esta división habría permitido aplicar una evaluación ambiental simplificada, lo que, en su opinión, impide valorar adecuadamente los impactos acumulativos y sinérgicos del conjunto del proyecto energético. Los colectivos sostienen que esta fragmentación administrativa no refleja la dimensión real de la instalación energética prevista en la zona.
Proximidad a núcleos de población
En el caso de la planta fotovoltaica de Asparrena, las asociaciones aseguran que el proyecto vulnera el criterio de alejamiento mínimo de 500 metros respecto a núcleos de población. Este criterio figura, según indican, en la aprobación provisional del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables y también en el Plan Territorial Parcial de Álava Central, aprobado recientemente. El PTP incorpora además el Catálogo de Paisaje de Álava Central, que identifica zonas de alta fragilidad visual, áreas de interés ecológico y espacios donde se recomienda evitar intervenciones por su impacto paisajístico.
Muchas de estas áreas se localizan en la Llanada Alavesa y en entornos próximos a los municipios afectados por los proyectos de Igorita y Asparrena, señalan las asociaciones.
Posibles expropiaciones de terrenos
Los colectivos también critican que, en el caso de Asparrena, la concesión de la Declaración de Utilidad Pública abre la puerta a expropiaciones y a la imposición de servidumbres sobre el territorio. Esta figura jurídica permitiría la ocupación de terrenos y la afección a bienes y derechos, incluidos bienes comunales, con el objetivo de facilitar la construcción de las infraestructuras energéticas. Según las asociaciones, la expropiación -concebida para servir al interés general- estaría utilizándose para impulsar proyectos promovidos por empresas privadas.
Petición de paralización de los proyectos
Los colectivos sostienen que la falta de una evaluación ambiental rigurosa y el fraccionamiento de los proyectos podrían implicar la nulidad de pleno derecho de las autorizaciones administrativas. Por ello, solicitan la paralización inmediata de los proyectos fotovoltaicos de Igorita y Asparrena, así como del conjunto de iniciativas energéticas que, según afirman, ponen en riesgo el territorio y la biodiversidad en Álava.
Las asociaciones consideran que estos proyectos responden a intereses privados y critican la actuación del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Álava en la tramitación de estas instalaciones energéticas.
FOTOGRAFÍA: Txus Díez
