Recurro al viejo lema del despotismo ilustrado para tener algo con lo que arrancar esta reflexión que lleva meses rondándome por la cabeza y que me resistía a exteriorizar, primero porque este espacio, como norma general, no es para quienes hacemos ZUK, sino para quienes nos leéis; y segundo, porque no nos da la vida.
Sin embargo, me siento en la obligación de plantear una posición personal y también editorial en una cuestión cuyo abordaje social, judicial e institucional, salvo en algunas honrosas excepciones, está dejando mucho que desear.
Todas las personas tienen derecho a que se respete su intimidad. Nadie puede obligar a nadie a hacer algo que no quiere, a ser lo que no quiere, y menos si tiene que ver con la sexualidad, con la manera de ver su cuerpo, de verse a sí mismo y de ver a los demás. Y mucho menos todavía si esa persona es menor, porque el daño que se le puede hacer a alguien cuyo cuerpo y personalidad están en pleno proceso de desarrollo no se va resarcir ni con una disculpa, ni con una sentencia ni con una indemnización.
Sí, evidentemente hablo del caso de los udalekus de Bernedo, y la carta de las madres de las menores denunciantes que ayer llegó a nuestra redacción ha sido el estímulo que inspira estas líneas.
Por supuesto que todo esto de lo que estamos hablando son presunciones hasta que no haya una sentencia judicial, pero esa carta transmite al respecto una protesta que nos deja, a esta sociedad que hace bandera de la defensa sin concesiones de las víctimas de supuestos delitos de índole sexual, con el culo al aire. A esas niñas no se les ha escuchado -ni en sede judicial, a estas alturas-, no se les ha tenido en cuenta y no se les ha protegido.
Muy al contrario, como denuncian las madres, se han excavado dos trincheras desde las que se utiliza a estas menores como arma arrojadiza. Bandadas de buitres revolotean ya alrededor del palacio de Justicia de Gasteiz ante esta oportunidad de oro para seguir haciendo ruido en los periódicos. Al otro lado se asegura que fuerzas reaccionarias han “magnificado” lo sucedido. ¿Quién lo ha magnificado? ¿Esos entes carroñeros que tratan de colarse en el proceso para chupar cámara? Seguro. ¿Los medios de comunicación, que, admitámoslo, somos como somos? Probablemente.
¿Los menores afectados? ¿Sí? ¿También? ¿Lo que detallan en las denuncias es una exageración? ¿Hacemos el ejercicio de tomar este mismo argumento y cambiar a los protagonistas para ver cómo suena?
El ejemplo de falta de empatía que estamos dando es penoso. Se oye por ahí que las familias ya sabían adónde enviaban a sus hijos. Bueno, enviaban a sus hijos a un sitio donde se transmite que el cuerpo es un espacio político, pero será, digo yo y dirían esas familias, un espacio político del que cada cual es, en última instancia, soberano. Mi cuerpo es mi espacio político, no el tuyo, adulto que presuntamente te has valido de tu posición de superioridad, y por tanto de mi vulnerabilidad, para obligarme a hacer algo que no quería hacer.
Se oye también en las tertulias ese argumento de la exageración de los hechos, pero quien lo dice lo hace solo porque ideológicamente se ubica al lado de las personas denunciadas y/o porque le da miedo llevarles la contraria. Las víctimas, las presuntas víctimas, dan igual. Cuando se dice explícitamente que se ha magnificado el caso por motivos ideológicos se dice implícitamente que las niñas exageraron cuando acudieron a declarar a la comisaría. Porque una cosa es el ruido interesado, que evidentemente lo hay, y otra los testimonios que durante meses solo quiso escuchar la Ertzaintza.
Da pánico pensar que atestados de ese cariz se hayan podido perder en los juzgados, y que un año después el proceso penal esté paralizado mientras en el administrativo se sale corriendo en defensa de los derechos de la asociación sancionada. La Diputación ha tenido que echar mano de los instrumentos de los que dispone para enmendar los errores del pasado, y quizá ha hecho algún malabarismo jurídico para parar todo esto, pero al menos ve lo que ocurre a su alrededor.
Es lamentable, en fin, que ante unos hechos, presuntos como tantos otros, dejemos de lado a las víctimas por puro y duro sectarismo, pero no nos engañemos, el meollo de todo este asunto no es estar a favor o en contra del feminismo, ni del euskera, ni de la autogestión ni del modo que cada cual tenga de entender la sexualidad o la vida.
La cuestión de fondo aquí es cómo tratamos, como sociedad, reaccionarios y revolucionarios, a nuestras niñas y niños. Si estas denuncias y testimonios de presuntos delitos contra la libertad sexual en una situación de abuso de poder hubieran sido presentadas por personas adultas los supuestos responsables habrían sido objeto de juicio social, mediático e institucional sumarísimo desde todos los frentes, incluido el suyo propio, e inmediatamente cancelados mucho antes de pisar los tribunales. Ningún personaje público se habría atrevido a firmar nada en su defensa.
Pero creemos que las niñas y los niños no tienen la misma dignidad ni la misma credibilidad que los adultos, o nos da igual, aunque se nos llene la boca defendiendo sus derechos. Volcamos en ellos nuestras frustraciones y complejos, abusamos de nuestra superioridad para, cual doctor Frankenstein, experimentar con ellos, convertirlos en lo que queremos que sean en vez de ayudarles a ser quienes quieran ser, sin respetar ni su libertad, ni su criterio ni su opinión. Y nuestros niños y niñas son personas con pleno derecho a decidir y definir su vida según sus propios deseos y anhelos, aunque no sean los nuestros. Y tienen también el mismo derecho que nosotros, los adultos, a ser escuchados y tenidos en cuenta.
Txus Díez. Director de ZUK
FOTOGRAFÍA: Magnific
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