Las más de1.300 familias que dependen de Tubos Reunidos estaban en la mañana de este lunes pendientes de la reunión en la que la firma iba a dar al comité de empresa los detalles del ERE anunciado la semana pasada y que ha sacudido de nuevo a una comarca, Aiaraldea, que vive una preocupante situación de demantelamiento industrial en los últimos años. La propuesta pasa por el despido de 301 personas en las plantas de Amurrio y Trápaga.
A las 10.00 horas, en un ambiente de tensión, con los trabajadores en huelga y organizados en piquetes, y la Ertzaintza desplegada en la entrada de la factoría de Amurrio, daba comienzo el encuentro, que finalmente se ha saldado con esta propuesta de despido de más del 20% de la plantilla.
Del ERTE al ERE
La firma ya venía de un ERTE y acumulaba una deuda de 263 millones de euros, y en el último año la imposición de aranceles a este sector por parte de la administración Trump ha supuesto un nuevo varapalo, pues la mitad de las exportaciones tenían como destino EEUU. La situación era ya crítica, tras registrar pérdidas de 71,3 millones de euros en 2025.
Esta crisis se inscribe en un panorama más amplio de desequilibrio en el sector siderúrgico mundial. La capacidad de producción de acero global fue un 42% superior a la demanda durante 2024. En Europa, la situación es aún más crítica: la capacidad de fabricación de acero superó la demanda en un 53% el mismo año.
La Unión Europea ha diseñado un mecanismo de protección que entrará en vigor, como muy tarde, el 1 de julio de 2026.
Reacciones
El diputado general de Álava, Ramiro González ha trasladado su preocupación y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la planta de Tubos Reunidos en Amurrio, así como al conjunto de Aiaraldea, tras conocerse la noticia del ERE en la compañía.
González ha subrayado que el anuncio supone “un golpe a una comarca que lo está pasando mal” y ha insistido en que la prioridad debe ser “garantizar el futuro de la empresa y sus trabajadores”. En este sentido, ha apelado a abordar la situación con una mirada de medio y largo plazo: “Debemos alejarnos de reacciones viscerales y cortoplacistas y pensar en la viabilidad de una empresa histórica de Álava, que ha sido y queremos que siga siendo motor de la actividad y el empleo industrial de Aiaraldea”.
El diputado general ha recordado que la situación de Tubos Reunidos “ya era complicada por la deuda financiera que arrastra desde hace años” y que, en los últimos meses, se ha visto “agravada por la política arancelaria americana”. Por ello, ha señalado la necesidad de impulsar un plan de viabilidad a largo plazo que permita reestructurar la compañía y definir un nuevo rumbo estratégico que garantice su continuidad en Amurrio y su papel como sustento de muchas familias del valle.
En relación con la situación financiera, Ramiro González ha destacado que una de las prioridades “es, sin ninguna duda, buscar soluciones ante el elevado nivel de deuda” y ha realizado un llamamiento a “los principales acreedores y socios financieros” para que se sumen a un acuerdo orientado a asegurar la viabilidad de la empresa. “La prioridad de todos debe ser garantizar el futuro de Tubos Reunidos”, ha remarcado.
Finalmente, el diputado general ha señalado que el impacto del ERE “va más allá de la propia actividad de Tubos Reunidos” y afecta a una comarca inmersa en “un proceso de reindustrialización lento y complejo”. González ha cerrado su intervención reiterando su solidaridad con las personas afectadas y con Aiaraldea en su conjunto, y ha llamado a trabajar de manera conjunta para proteger el futuro industrial de la zona: “Debemos trabajar unidos y unidas para pensar en el futuro de su industria”.
Por su parte, desde el PSE alavés, su secretario general, Javier Hurtado, ha subrayado que “estamos ante una situación muy seria que exige responsabilidad por todas las partes. La prioridad absoluta debe ser proteger el empleo y garantizar una salida negociada, no traumática y con todas las garantías legales”. En este sentido, ha defendido que “el diálogo social es el único camino posible para preservar la viabilidad del proyecto industrial y dar certidumbre a las personas trabajadoras”.
Desde el PSE-EE de Álava se ha valorado de forma muy positiva la implicación del Gobierno Vasco y, en particular, del Departamento de Mikel Torres, que ya ha manifestado su disposición a acompañar tanto a la empresa como a la representación sindical para facilitar una negociación real.
En el PP alavés, su presidente, Iñaki Oyarzabal, ha mostrado desde la red social X su solidaridad con la plantilla y ha afirmado que lo ocurrido es «una muestra más del deterioro de la comarca de Ayala por la falta de una política industrial seria del PNV. La alternativa de Bildu -añade- es más conflictividad laboral». Oyarzabal cree que «hay que frenar la pérdida de competitividad y de futuro con acuerdos».
FOTOGRAFÍA: @ESKsindikatua
