El despliegue de las energías renovables en Araba es desde hace ya varios años uno de los principales ejes sobre los que pivota la política municipal en nuestros pueblos. A falta de una regulación clara y actualizada (el nuevo PTS pactado en el Parlamento Vasco no acaba de avanzar en su tramitación y además va a ser recurrido en los tribunales) la empresa Solaria, que cotiza en el Ibex, trata de reservarse la mayor cantidad de hectáreas posible a la espera de que, en el futuro, la normativa le permita instalar más o menos placas fotovoltaicas en más o menos superficie de terreno.
Dos posturas
En este contexto, hay dos posturas irreconciliables, la de quienes se oponen frontalmente a este modelo de despliegue de instalaciones por su impacto sobre el modo de vida rural, y la de quienes entienden que, ya que se va a hacer, que deje el mayor beneficio económico posible en los pueblos. Esto es así grosso modo, pero luego hay una inmensa gama de casuísticas particulares, de grises y de circunstancias concretas en municipios concretos.
Un alquiler por 30 años
Ribera Baja es uno de ellos. En marzo de 2023, la Junta Administrativa de Ribabellosa firmó con Solaria un acuerdo de pre-reserva de alquiler durante 30 años de 34 hectáreas en cuatro parcelas de terreno comunal, un contrato con fecha límite de tres años más uno prorrogable. Solo por la firma de dicho acuerdo el pueblo recibiría una cantidad importante de dinero a fondo perdido, a pesar de que la ejecución del proyecto estaría y está condicionada a la obtención de los permisos pertinentes y la declaración de impacto ambiental favorable. El pacto establece que el concejo cobrará 1.500 euros al año por hectárea más IPC, e incluye un convenio para colaborar en las fiestas patronales y en el autoconsumo del alumbrado público.
El acuerdo
Algo más de un año después, el Ayuntamiento surgido de las elecciones de 2023, y que dirige Ribera Baja Bizirik, plataforma contraria a este tipo de proyectos, aprobaba una moción que rechazaba «la implantación masiva en terrenos de alto valor estratégico y agroganadero de nuestro municipio de plantas de energías renovables y sus correspondientes líneas de evacuación», en alusión directa al proyecto Zierbena 2 de Solaria. El pasado 15 de septiembre, el Consistorio apelaba a esta moción para reiterar su rechazo a esta instalación y reclamar a la junta «que haga público el contrato firmado con la empresa Solaria, las parcelas que se ven afectadas y número de hectáreas de ocupación, así como al acuerdo económico alcanzado». Pedía además una consulta popular para que vecinas y vecinos avalen, o no, el proyecto.
El pasado lunes los ediles de RBB comparecían para anunciar que, a pesar de haber solicitado formalmente el documento a la junta con fecha de registro electrónico del 22 de septiembre de 2025, aún no lo han recibido, y que por tanto lo han reclamado a través de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, que tiene tres meses para emitir su fallo.
La junta administrativa apela a su soberanía institucional para suscribir dicho acuerdo y subraya que será beneficioso para el pueblo. En el tablón de anuncios del concejo se colgó el acta de la sesión en la que se aprobó, por unanimidad, el acuerdo de esa pre-reserva, pero no el contenido completo del mismo. La junta alega que en el mismo hay datos confidenciales, números de cuentas corrientes, por ejemplo, que no se pueden publicar, pero argumenta que «en todo momento se le ha dicho al Ayuntamiento que puede pasar por la oficina de la junta administrativa y tener acceso al documento».
El Ayuntamiento, por su parte, asegura que en virtud de la Ley de Contratación del Sector Público la junta tiene que someter el alquiler de las fincas a licitación y que está obligada legalmente a facilitar el documento al Consistorio.
FOTOGRAFÍA: Txus Díez
