Las Juntas Generales de Araba han reclamado este miércoles a la Diputación alavesa que «las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio reciben un servicio adecuado a las necesidades detectadas por las trabajadoras sociales», como señala el segundo punto de la moción presentada por EH Bildu para, según su procuradora Claudia Venceslao, que «la Diputación diga a los Servicios Sociales de Base de la zona rural que no hay que supeditar las necesidades de una persona con dependencia a lo que una empresa privada pueda ofertar».
La formación soberanista había presentado una iniciativa de dos puntos. El primero pedía «el cumplimiento integral de los reglamentos municipales reguladores del Servicio de Ayuda a Domicilio», y no ha salido adelante. El segundo, en cambio, ha obtenido el voto favorable del PP y de ese modo ha logrado la mayoría en la cámara foral.
Según la capacidad de las empresas
Alcaldes y alcaldesas de EH Bildu denunciaron en junio de 2025 que desde el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) se indicó que, ante la dificultad para encontrar personal, la atención debía ajustarse a la capacidad de las empresas adjudicatarias. Esto derivó, explicaba la formación, en limitación de tiempos de atención los fines de semana y retrasos en la puesta en marcha de nuevos expedientes. Según Venceslao, los plazos para activar nuevos servicios han pasado de dos o tres meses a entre tres y cuatro meses.
Críticas al modelo de prestación del SAD
Venceslao ha afirmado que las personas que viven fuera de Vitoria-Gasteiz están recibiendo un servicio insuficiente, condicionado por la disponibilidad de personal de empresas privadas y no por los criterios técnicos establecidos en la normativa. La procuradora ha criticado que la Diputación Foral de Álava no esté exigiendo el cumplimiento de los contratos ni adoptando medidas para reducir los retrasos, lo que, a su juicio, afecta al derecho de las personas usuarias a recibir una atención adecuada.
La formación considera que la prestación del servicio debe ajustarse a las valoraciones profesionales de los servicios sociales y no a la disponibilidad de las empresas contratadas.
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