La Diputación Foral de Álava ha aprobado este martes un nuevo decreto que amplía las indemnizaciones destinadas a las explotaciones ganaderas afectadas por ataques de fauna silvestre. La nueva regulación incorpora más conceptos indemnizables y pretende compensar de forma más completa el impacto económico que estos ataques generan en las explotaciones.
El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno, regula las compensaciones por daños causados por el buitre leonado, el lobo ibérico y otras especies silvestres no cinegéticas desde 2025 y para los ataques que puedan producirse en el futuro.
Más gastos cubiertos
Hasta ahora las ayudas se centraban principalmente en la pérdida de animales. Con la nueva normativa también podrán indemnizarse los animales sacrificados por prescripción veterinaria, los ejemplares desaparecidos, los abortos, los animales nonatos, los gastos veterinarios, las pérdidas de producción y determinados costes laborales derivados de los ataques.
En el caso de los ataques del lobo ibérico, el decreto incorpora además el lucro cesante, es decir, las pérdidas económicas indirectas derivadas de la reducción de la producción lechera, los problemas reproductivos o el trabajo adicional que deben asumir las personas ganaderas tras un ataque.
También para daños causados por buitres
La regulación contempla indemnizaciones por los daños provocados por el buitre leonado sobre ganado ovino, caprino, bovino y equino, y deja abierta la posibilidad de ampliar excepcionalmente las coberturas cuando las circunstancias lo aconsejen. También prevé mecanismos para responder a daños causados por otras especies silvestres no cinegéticas.
Cómo solicitar las ayudas
La convocatoria estará abierta para los daños declarados durante 2025 y 2026, y servirá como marco para las convocatorias de los próximos años mientras no se apruebe una nueva regulación.
Podrán solicitar estas indemnizaciones las personas físicas, jurídicas y entidades titulares de explotaciones ganaderas registradas en Álava, siempre que el ataque se haya producido en el territorio histórico y se comunique a la Diputación en un plazo máximo de 24 horas desde que se tenga conocimiento del mismo. La norma también refuerza los mecanismos de inspección y verificación para acreditar correctamente los daños.
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