El pleno extraordinario de la Cuadrilla de Rioja Alavesa, celebrado este viernes en su sede de Laguardia, ha rechazado el recurso de reposición presentado por la asociación ciudadana EKI el pasado 3 de febrero para revisar el expediente relacionado con el vertedero de Valdeaguilar, en Oion.
La decisión mantiene la inadmisión previa de la solicitud de revisión de oficio y descarta trasladar el asunto al Consejo Consultivo Jurídico de Euskadi, como solicitaba la asociación.
El pleno mantiene la inadmisión de la revisión de oficio
El rechazo del recurso se adopta en coherencia con la decisión anterior de inadmitir la solicitud de revisión del expediente y siguiendo el asesoramiento jurídico de ECIJA-Troconiz, despacho que presta asistencia legal a la Cuadrilla.
El recurso de reposición presentado por EKI pedía anular la inadmisión y acudir al Consejo Consultivo Jurídico de Euskadi, órgano cuyos dictámenes son preceptivos cuando existen indicios de nulidad de pleno derecho en actos administrativos.
Qué pedía EKI y por qué acudió a la vía administrativa
La asociación ciudadana sostiene que el expediente presenta indicios de nulidad de pleno derecho y que la administración tiene la obligación de revisar sus propios actos en esos supuestos, conforme a la normativa administrativa.
Tras la inadmisión inicial, EKI optó por interponer recurso de reposición el 3 de febrero y ha mantenido la ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía en relación con el proyecto de ampliación del vertedero de Valdeaguilar.
El papel del informe externo
El presidente de la Cuadrilla, Txema Elvira, explicó previamente que la institución solicitó un informe jurídico externo al entender que la Intervención no tenía la competencia específica para determinar si procedía o no la revisión de oficio.
Según señaló, no solicitar ese informe podría haber supuesto una actuación irregular. También recordó que cabía recurso por la vía administrativa antes de acudir a la jurisdicción penal.
EKI, por su parte, ha cuestionado la necesidad de ese informe externo y sostiene que los interventores habilitados nacionales tienen capacidad legal para fiscalizar la legalidad de la actuación administrativa. La asociación considera que la búsqueda de un criterio externo puede interpretarse como un intento de respaldar una decisión previamente adoptada. «La reincidencia y persistencia en el bloqueo que mantiene la Cuadrilla para evitar la revisión de sus actos administrativos extienden un manto de sospecha y opacidad su gestión en este caso», sostiene la asociación.
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