El Ayuntamiento de Laudio ha completado la elaboración del censo municipal de amianto, un estudio que ha permitido identificar la presencia de este material tanto en edificios públicos como privados del municipio y planificar las intervenciones necesarias para su retirada de las instalaciones municipales.
La información recopilada estará a disposición de la ciudadanía, de manera que las personas interesadas en conocer si se ha detectado amianto en sus viviendas o comunidades de propietarios podrán solicitar los datos correspondientes a sus inmuebles.
Para ello, deberán acudir al Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento e identificar el edificio sobre el que desean realizar la consulta. El Consistorio les facilitará la información que figure en el censo acerca de la presencia de este material y de su estado de conservación.
En el caso de los inmuebles privados, no obstante, el estudio se ha realizado mediante una inspección visual desde el exterior, por lo que únicamente recoge aquellos elementos que han podido identificarse en tejados, fachadas o tuberías exteriores. Por tanto, que un edificio no figure en el censo no implica necesariamente que esté libre de amianto.
Retirada de amianto en edificios municipales
En paralelo a la elaboración del censo general, el Ayuntamiento ha desarrollado un estudio más detallado de los edificios e instalaciones de titularidad municipal, con el que ha podido determinar la ubicación y el estado de conservación de los elementos que contienen amianto y establecer un orden de prioridades para su retirada.
Durante el último mes, el Consistorio ha llevado a cabo trabajos de retirada de este material en la escuela de Areta y en la Fábrica de Harinas, dos de los equipamientos identificados en el estudio. También se han realizado actuaciones en el polideportivo municipal.
Los edificios públicos de mayor riesgo, antes de 2028
La elaboración del censo responde a las obligaciones establecidas en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a los ayuntamientos a identificar las instalaciones y emplazamientos que contienen amianto y a establecer un calendario para su retirada.
La normativa establece que las intervenciones deberán priorizarse en función de la peligrosidad de los materiales y de la exposición de los colectivos más vulnerables. En concreto, las instalaciones de titularidad pública que presenten un mayor riesgo deberán haber sido gestionadas antes de 2028.
La utilización y comercialización del amianto está prohibida en España desde 2002. Sin embargo, su amplio uso durante décadas en la construcción hace que todavía esté presente en numerosos edificios, especialmente en cubiertas de fibrocemento y conducciones.
El principal riesgo para la salud se produce cuando los materiales liberan fibras de amianto que pueden ser inhaladas. La exposición a estas fibras puede provocar enfermedades graves, como la asbestosis, el cáncer de pulmón o el mesotelioma. Por ello, la retirada debe realizarse en condiciones de seguridad y por empresas especializadas.
📲 Recibe las noticias de Álava cada día en tu móvil




