Durante año y medio de intenso trabajo, la ponencia creada en las Juntas Generales para preparar la redacción de la futura Norma Foral de Concejos ha escuchado a toda aquella persona o entidad que tiene algo que decir en torno al complejo sistema de organización de las entidades locales alavesas. Bajo la presidencia del PP, se trabajó hasta redactar unas conclusiones de cara a definir las futuras reglas que regirán en los pueblos del territorio, conclusiones que destacaron por el consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas. Y a partir de ahí, empezó el lío.
Acaparar protagonismo
PNV y PSE, los partidos de gobierno, con el sustento en forma de abstención de EH Bildu, votaron por la derivación de dichas conclusiones al Gobierno foral con el encargo de que el ejecutivo las devolviera a la Cámara en forma de proyecto de norma foral. Para el PP, con este movimiento el Gobierno buscaba acaparar el protagonismo en la reforma de una norma tan obsoleta, pues acumula treinta años de vigencia, como enraizada en la mismísima foralidad alavesa, y por ello su secretaria general, Ana Salazar, registró una proposición de Norma Foral de Concejos con su sello y firma que este miércoles la Cámara ha rechazado debatir.
Inseguridad jurídica
Han argumentado los partidos de gobierno, por boca de Iñaki Ruiz de Galarreta (PNV) y Josu López Ubierna (PSE), y lo ha suscrito el juntero de EH Bildu Xabier Valdor, que desde un principio se había decidido que el informe de la ponencia iba a ser la «base» sobre la que el Gobierno Foral debía redactar su propuesta, que luego habría de ser convenientemente enmendada en las Juntas -y lo será- antes de ser objeto de debate y finalmente de aprobación. La idea era que los letrados pulieran un texto en el que, afirman tanto PNV como PSE y EH Bildu, se detectaba «inseguridad jurídica» en aspectos como, por ejemplo, las competencias atribuidas a los concejos.
Por todo ello han impedido la toma en consideración de la propuesta del PP, basada en ese informe de conclusiones, y que solo ha recibido el respaldo de Elkarrekin. Su portavoz, David Rodríguez, era el que aludía al «rifirrafe político» con el que arranca esta información y que la formación de izquierdas querría haber evitado con una proposición de norma foral unánime, que solventara la cuestión sin salir de las Juntas, eso sí, previo encalado jurídico del texto. Y como no ha podido ser así, porque de hecho el proyecto del Gobierno ya está colgado en Araba Irekia, Rodríguez planteaba que al menos se le dejara al PP exponer sus argumentos.
«Más control a los concejos»
Salazar, por su parte, insistía en que “el PNV está intentando aprovecharse casi en su totalidad del trabajo de conclusiones elaborado por todos los grupos políticos y ha sacado su propia norma foral”, pero además con añadidos que “ejercen más control a los concejos”, que para el Partido Popular deben ser independientes dentro de sus competencias.
El PP quería que la Norma Foral de Concejos «se hubiera hecho como se hizo en el año 1995, con una propuesta de todos los grupos», y de esa forma «para este mes de noviembre, para las elecciones a concejo, tendrían su nueva norma; ahora no, y lo saben”.
«Estropeado y politizado»
Salazar ha culpado directamente a EH Bildu y su abstención del camino elegido para sacar adelante la norma, ha advertido de que “es a cambio de algo”; y finalmente ha acusado a los soberanistas y a PNV y PSE de haber «estropeado y politizado absolutamente todo”. Por último, ha asegurado que el anteproyecto de la norma foral «tiene errores jurídicos», que es «un corta y pega mal hecho”.
FOTOGRAFÍA: Juntas Generales de Álava
