La reciente aprobación del Primer Plan Foral de Salud Mental y Prevención del Suicidio en Álava es, sin duda, un paso necesario y largamente esperado. Este plan —que comenzará a desarrollarse en el primer semestre de 2026 tras su aprobación en pleno— incorpora por primera vez una estrategia integral para abordar la salud mental en nuestro territorio y contempla una línea específica para prevenir los suicidios, que en 2023 representaron en Euskadi 141 muertes.
No obstante, celebrar su aprobación sin un análisis crítico sería un grave error. El anuncio institucional de un plan, incluso con un calendario y plazos, no transforma de inmediato la realidad de quienes sufren problemas de salud mental todos los días. De hecho, este reconocimiento político llega en un contexto en el que el sistema público vasco de salud mental sigue mostrando fallos estructurales que no pueden obviarse.
Una de las mayores críticas que se repiten —entre profesionales y pacientes— es la espera excesiva para acceder a un psicólogo/a o psiquiatra en la sanidad pública. En muchas áreas del Estado, incluidas comunidades con estructuras sanitarias robustas como la CAPV, las listas de espera para recibir atención psicológica pueden extenderse durante meses, con citas espaciadas que apenas permiten un seguimiento clínico adecuado; en algunos casos, los pacientes esperan 3 a 4 meses o más para su primera terapia y, una vez iniciada la atención, la periodicidad rara vez cumple con lo que la literatura científica recomienda para problemas de salud mental.
Este desfase temporal es particularmente preocupante cuando hablamos de prevención del suicidio: ¿de qué sirve una estrategia si quien lo necesita no puede acceder a un profesional en el momento adecuado? El plan foral corre el riesgo de quedarse en una mera declaración si la realidad en la atención sigue siendo la de largas esperas, atención fragmentaria y apoyo reactivo en lugar de proactivo.
Otro problema estructural que debilita cualquier plan es la falta de continuidad en la atención, pues muchos/as pacientes denuncian que en cada sesión les atiende un profesional diferente, repitiendo así una y otra vez su historia, lo que no solo rompe la coherencia terapéutica, sino que puede generar procesos de revictimización. Esta fragmentación no solo compromete la calidad del tratamiento, sino que puede agravar los estados de vulnerabilidad que el plan pretende prevenir. La salud mental exige vínculos terapéuticos estables y una relación continuada entre paciente y profesional; algo que los cambios constantes de profesionales ponen en entredicho.
Un elemento que casi nunca aparece en los discursos oficiales es el papel del trabajo social en la intervención en salud mental. La salud mental no es un problema exclusivamente clínico: tiene raíces sociales. La precariedad laboral, la pobreza, el aislamiento, la violencia machista, la exclusión y otras condiciones psicosociales son factores determinantes que influyen en el bienestar mental de las personas. La incorporación del trabajo social en equipos de atención primaria o centros educativos no solo es deseable, es imprescindible para una intervención integral y efectiva.
Sin embargo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco no existe una implantación amplia del trabajo social en atención primaria ni en los colegios, lo que deja una brecha importante en la red de apoyo a quienes sufren problemas de salud mental o están en riesgo de suicidio. La prevención no puede separarse de la intervención social: estamos ante un campo donde la presencia de trabajadores/as sociales debería ser un eje prioritario del plan, pero hoy por hoy no cuenta con el papel que merece.
No se puede subestimar la importancia de que Álava cuente con un plan estructurado para abordar la salud mental y prevenir el suicidio. Es una conquista social y política innegable. Sin embargo, un plan es solo una herramienta; su verdadero valor se medirá en la realidad y en la capacidad de atención.
Si se mantienen las listas de espera interminables, la frecuente rotación de profesionales y la carencia de intervención social integrada, entonces habremos creado un esquema bonito en el papel, pero insuficiente en la práctica. La prevención del suicidio exige recursos humanos coordinados y estables, y una visión que no se quede en la urgencia clínica: debe incluir apoyo psicológico continuado, trabajo social y políticas que atiendan los determinantes sociales de la salud mental.
Este plan, por tanto, no puede ser un punto final, sino un compromiso de transformación real del sistema; uno que garantice que nadie quede atrapado entre la invisibilidad y la espera, que los/as profesionales puedan seguir a sus pacientes y que el trabajo social tenga un papel central en cada etapa del proceso.
Deiane Vázquez Garcia. Trabajadora Social y escritora
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