La Diputación Foral de Álava incorporará 100 nuevas plazas concertadas para personas mayores a partir de abril de 2027 y aumentará un 10 % las ayudas destinadas a sufragar una residencia privada mientras se espera una plaza pública. Son dos de las principales medidas del proyecto presupuestario del Departamento de Políticas Sociales, que dispondrá el próximo año de 361,6 millones de euros para ampliar los servicios de atención a la dependencia, la discapacidad y otros colectivos vulnerables.
El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha presentado este jueves las cuentas de su departamento en las Juntas Generales de Álava. El presupuesto concentra su mayor esfuerzo económico en el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), que gestionará 322 millones de euros, un 11 % más que este año.
La ampliación de plazas se distribuirá entre 60 nuevas plazas de centro de día y 40 residenciales, todas ellas concertadas. Su incorporación elevará en más de cinco millones el presupuesto dedicado a estos conciertos, que alcanzará los 15 millones de euros en 2027.
La medida se suma a las 324 plazas de responsabilidad pública que, según el balance ofrecido por Urtaran, se han incorporado a la red foral durante la actual legislatura. La Diputación contempla además la próxima licitación del futuro centro de cuidados de Salburua, aunque no ha concretado todavía el calendario de construcción ni su entrada en funcionamiento.
La ayuda para pagar una residencia privada llegará a 1.243 euros al mes
Una de las novedades con consecuencias más directas para las familias será el incremento de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), destinada a contribuir al pago de una plaza residencial privada cuando no se dispone de una plaza pública. Según los datos facilitados por el departamento, unas 1.200 personas reciben actualmente esta prestación en Álava. La Diputación prevé elevar sus cuantías un 10 % en 2027, de manera que el importe máximo para las personas con dependencia reconocida de grado 3 llegará a 1.243 euros mensuales.
En conjunto, el departamento reservará más de 29 millones de euros para prestaciones económicas de dependencia. También mantendrá una dotación de diez millones para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que permite prestar cuidados y apoyo en el hogar. La atención a personas mayores concentrará más de 121,7 millones de euros, cerca del 38 % del presupuesto del IFBS.
El transporte adaptado llegará también a los centros rurales de atención diurna
Otra de las novedades del presupuesto afecta directamente a las personas mayores de los pueblos alaveses. La Diputación prepara una nueva licitación del transporte adaptado, dotada con más de seis millones de euros, que incorporará por primera vez los desplazamientos a los Centros Rurales de Atención Diurna (CRAD). Hasta ahora, ese transporte estaba gestionado por Cruz Roja. Su inclusión en el nuevo contrato foral permitirá integrar los recorridos de estos centros con el resto del servicio de transporte adaptado para personas mayores y con discapacidad.
La Diputación prevé revisar las líneas y renovar la flota de vehículos, con el objetivo de reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la organización de los trayectos. Según los datos del departamento, cerca de 700 personas utilizan diariamente estos servicios.
El presupuesto contempla también 500.000 euros para el Plan de Calor, destinado a mejorar las condiciones ambientales de los centros forales y proteger a las personas usuarias y al personal frente a episodios de altas temperaturas.
Más recursos para discapacidad, salud mental y vida independiente
La atención a personas con discapacidad dispondrá de 58 millones de euros en 2027. La Diputación destinará estos fondos al funcionamiento y ampliación de recursos especializados, al fomento de la autonomía personal y a los programas que facilitan la vida independiente.
Entre las actuaciones previstas figura el despliegue completo del nuevo centro de día de Laudio, que inicia su actividad este mes de noviembre. También se reservan 7,5 millones de euros para las viviendas con apoyo gestionadas por Apdema. Los programas de ocio, participación social y respiro familiar se ampliarán con una semana adicional de actividades de verano y dos fines de semana más de respiro, dirigidos a facilitar tanto la participación de las personas usuarias como el descanso de sus familias.
Los convenios con las asociaciones de personas con problemas de salud mental superarán los cuatro millones de euros. Estos recursos permitirán mantener y ampliar servicios residenciales, programas de rehabilitación psicosocial, acompañamiento comunitario y apoyo familiar.
La sociedad pública Indesa, dedicada a la inclusión laboral de personas con discapacidad, dispondrá de un presupuesto superior a 31 millones de euros, un 4 % más que en 2026.
Diez plazas para jóvenes migrantes y más apoyo a las familias
Las políticas de infancia, adolescencia y familia contarán con una dotación superior a 32 millones de euros. Una de las novedades será la creación de diez nuevas plazas para jóvenes migrantes que han llegado solos y han alcanzado la mayoría de edad, destinadas a facilitar sus procesos de autonomía e inclusión social.
El Programa Especializado de Intervención Familiar dispondrá de 3,7 millones de euros para apoyar a las familias, mejorar las capacidades de cuidado y prevenir situaciones de riesgo o desprotección de menores.
Por su parte, el Centro de Acogida de Urgencia Hazaldi contará con 2,4 millones de euros para atender a niños y niñas que necesitan medidas inmediatas de protección.
La Diputación reservará además once millones de euros a la atención de personas en situación de exclusión social. Entre las actuaciones previstas figura un nuevo recurso de acogida nocturna, cuya apertura está anunciada para diciembre de 2026 y que alcanzará su funcionamiento completo durante el próximo ejercicio.
Los servicios especializados de atención a mujeres y menores víctimas de violencia machista dispondrán de 4,5 millones de euros. El proyecto contempla ampliar las plazas del Servicio de Intervención Socioeducativa y Psicosocial (Sisep).
Más de cuatro millones para mejorar las condiciones laborales en los cuidados
El presupuesto de 2027 también incluye partidas destinadas a las condiciones laborales de quienes trabajan en los servicios sociales. La Diputación reservará más de tres millones de euros para atender los efectos del convenio colectivo de residencias privadas y otros 1,5 millones para mejorar las condiciones salariales en el sector de la intervención social.
En cuanto a la plantilla del Instituto Foral de Bienestar Social, las cuentas prevén una subida salarial del 4,5 % y una partida adicional de 500.000 euros para avanzar en un nuevo acuerdo regulador de las condiciones de trabajo. El proyecto recoge además un aumento de la financiación que aporta el Gobierno Vasco al convenio sociosanitario, que pasará de los 4,8 millones presupuestados en 2026 a 7,7 millones en 2027, un incremento cercano al 60 %.
Un presupuesto marcado por el envejecimiento de la población
Urtaran ha defendido que las cuentas de 2027 permitirán mantener los nuevos recursos incorporados durante los últimos años y adaptar la red foral de servicios sociales al aumento de las necesidades de atención. «Este presupuesto nos permite consolidar la mayor ampliación de recursos sociales realizada en la última década y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema ante los retos que plantea el envejecimiento de la población, sin dejar de atender a otros colectivos que necesitan apoyo y acompañamiento», ha señalado el diputado.
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