Durante años, cientos de asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas y colectivos en defensa del territorio han venido diciendo con demasiada paciencia, pero sin desánimo, que algo no encajaba en la llamada transición ecológica. No estaban negando el cambio climático ni defendiendo un inmovilismo imposible. Estaban señalando algo mucho más concreto y mucho más incómodo. El modelo elegido no era neutro, tenía ganadores claros y los mismos perdedores de siempre.
La reacción institucional fue previsible. Primero, mirar hacia otro lado. Después, cuando las protestas crecieron, desacreditar al mensajero. A quienes alertaban de impactos sociales, ambientales y democráticos se les colgó rápidamente la etiqueta de retardistas, enemigos del progreso, negacionistas… Era más fácil simplificar el debate que explicar –u ocultar- por qué tantas decisiones se tomaban con tanta prisa y tan poca participación.
Hoy, las investigaciones que está llevando a cabo la UCO sobre grandes grupos empresariales del sector renovable, aunque no prueban todavía delitos, demuestran algo tan importante como que las dudas no eran infundadas. Que cuando se pedía transparencia no era por ideología, sino por sentido común. Que había demasiadas capas, demasiados intermediarios y demasiadas decisiones relevantes concentradas en muy pocas manos.
Lo que empieza a dibujarse es un patrón conocido. Decenas, cientos de empresas y filiales repartidas por el territorio, estructuras complejas difíciles de seguir para la ciudadanía y las instancias judiciales, pero muy eficaces para mover dinero, acelerar trámites y repartir riesgos. Nada de esto surge por casualidad. Responde a un diseño político y administrativo que ha facilitado que la transición energética funcione, ante todo, como un gran negocio.
El núcleo del problema no es el mensaje verde ni la retórica climática. Es el uso de ese marco para justificar un modelo profundamente centralizado, donde las decisiones se toman lejos del territorio y donde la política ha actuado más como facilitadora y cómplice que como garante del interés general. Cuando los gobiernos miden el éxito en megavatios instalados o en beneficio personal y no en calidad democrática, el resultado suele ser este.
No es algo nuevo. Ya lo hemos visto antes. Pasó con la banca, considerada parte del sistema hasta que hubo que rescatarla con dinero público. Pasó con el ladrillo, defendido como motor económico hasta que colapsó dejando un rastro de deuda y desigualdad. Pasó con las mascarillas en plena pandemia, cuando la urgencia se confundió con oportunidad de negocio. Ahora ocurre con parte del despliegue renovable; un sector estratégico tratado como un mercado sin controles suficientes o más bien con los controles justos para poder enriquecerse.
Cuando se rasca un poco, las conexiones aparecen siempre en el mismo sitio. Empresas que crecen al calor de decisiones políticas. Administraciones que confunden rapidez con buena gestión. Ayuntamientos atrapados entre las promesas de ingresos fáciles y la obediencia a instancias superiores. Ministerios que aseguran que todo es legal mientras el territorio se llena de proyectos que nadie ha debatido colectivamente y que sus impulsores, políticos y empresas privadas, se llenan los bolsillos.
Lo que está en cuestión es un modelo que ha asumido que la oposición social es un daño colateral asumible. Un modelo que ha preferido desactivar la crítica antes que corregir el rumbo. Y un modelo que, cuando empieza a ser investigado, muestra hasta qué punto política y negocio han avanzado demasiado tiempo de la mano.
Limitar el problema a una empresa concreta sería un error. Hoy hay cientos de proyectos en tramitación sobre las mesas de administraciones locales, autonómicas y estatales. Expedientes que siguen su curso casi por inercia, como si el contexto no hubiera cambiado. Tal vez este sea un buen momento para detenerse unos minutos, leer estas informaciones y pensar en las consecuencias con la responsabilidad de no verse arrastrado por una dinámica que ya está salpicando a otros.
Después de años de desgaste, de alegaciones ignoradas y de movilizaciones ridiculizadas, estas noticias se viven con una mezcla de preocupación por confirmar que el sistema, una vez más, ha fallado y alivio porque demuestra que quienes levantaron la voz no estaban equivocados.
Tras mucho tiempo en esta pelea desigual, ver que aquello que se denunciaba empieza a ser examinado refuerza la convicción sencilla de que las asociaciones iban por el buen camino. Defender el territorio, exigir reglas claras y reclamar una transición justa no era frenar el futuro. Era, y sigue siendo, intentar que la transición no se convierta en otro negocio más pagado entre todos.
Era, y sigue siendo, que esta transición sea ecosocialmente justa.
Urkabustaiz Babestuz – Zuia Bidean
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