Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registran en la mañana de este jueves la sede de Amurrio de Tubos Reunidos por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien sospecha que el rescate concedido a la firma alavesa por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), por más de 110 millones de euros, puede estar vinculado con el caso Leire Díez.
El magistrado cree que la presunta trama pudo haber cobrado comisiones por facilitar la concesión de dicho rescate. Se da la circunstancia de que ese préstamo conforma el grueso de la deuda acumulada por la compañía, de en torno, en total, a 260 millones de euros.
El registro en Amurrio, al que se suma otro en la sede de la firma en Bilbao y una entrada en la sede de la SEPI en requerimiento de información, se produce en un momento en el que la empresa, en concurso de acreedores, veía una tenue luz al final del túnel.
La huelga indefinida había terminado y el administrador concursal había decretado la retirada del ERE a 190 trabajadores, la continuidad de la producción y el pago de las nóminas hasta septiembre, además de manifestar su voluntad de buscar un socio inversor que garantizara la continuidad de la firma a medio plazo.
FOTOGRAFÍA: ESK Sindikatua
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