Cada asesinato machista es tratado como una excepción, cada nombre se suma a una lista que crece mientras las instituciones repiten discursos vacíos de “condena” y “minutos de silencio”. Pero el problema no es el silencio simbólico sino el silencio estructural, el que se instala cuando no hay prevención real, cuando las denuncias no se toman en serio, cuando las órdenes de protección fallan, cuando la vida de mujeres y de niños y niñas sigue valiendo menos que la comodidad del sistema, cuando la burocracia pesa más que el riesgo y la sospecha recae siempre sobre quien denuncia y no sobre quien agrede. La saturación de los juzgados, el retraso de los procesos y la falta de recursos convierten cada denuncia en un riesgo, y cada retraso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
El terrorismo, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se define como el uso sistemático de la violencia para infundir miedo y controlar a una población. ¿No es eso lo que ocurre cuando las mujeres y sus hijos e hijas viven con miedo constante a sus agresores? ¿Cuando niñas y niños son maltratados, utilizados y/o asesinados para castigar a sus madres? ¿Cuando la violencia machista funciona como advertencia colectiva: “esto te puede pasar”?
De ahí que negarse a llamarlo terrorismo patriarcal no es una cuestión semántica, es una decisión política, pues nombrar el problema implica asumir responsabilidades, reconocer que existe un sistema que protege más a los agresores que a las víctimas, que minimiza las señales de alerta, que cuestiona los testimonios de las mujeres y que actúa tarde, cuando ya no hay vuelta atrás. Implica aceptar que no basta con leyes si no se aplican, ni con recursos si no llegan a tiempo.
Y es que el Estado falla cuando no escucha; falla cuando recorta recursos en prevención y atención; cuando no forma a jueces y juezas, abogados y abogadas, policías, personal sanitario, etc., con perspectiva de género. Falla cuando la violencia machista se convierte en una estadística más, en lugar de una emergencia nacional permanente, cuando se delega la supervivencia en la capacidad individual de las víctimas para protegerse solas.
No estamos ante monstruos individuales, sino ante un sistema que reproduce dichas violencias. Y mientras se siga hablando de “casos” y no de estructura, de “locos” y no de machismo, de “fatalidades” y no de responsabilidad institucional y social, las muertes continuarán. Porque la impunidad también mata, y la indiferencia institucional y social es una forma de complicidad.
¿Cuántas más? La pregunta no es retórica, es una acusación directa. Porque cada mujer, cada niño y cada niña asesinados no son solo víctimas de un agresor, sino de un Estado que llega tarde -o no llega- y de una sociedad que no puede permitirse seguir mirando hacia otro lado.
Nombrarlo es el primer paso. Actuar, una obligación
No basta con indignarse cada vez que asesinan a una mujer, a un niño o a una niña. No basta con compartir titulares ni con llorar nombres que el sistema ya ha decidido olvidar. La pregunta urgente es qué estamos dispuestas y dispuestos a exigir, a incomodar, a desobedecer si hace falta para que esto se detenga. Porque mientras la violencia machista no sea tratada como una prioridad absoluta, mientras no tenga consecuencias políticas reales, presupuestos suficientes y responsabilidades claras, seguirá cobrándose vidas. Y cada día que pasa es un día más en el que el Estado y la sociedad eligen no proteger y mirar hacia otro lado.
Deiane Vázquez García. Trabajadora social y escritora
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