Se esperaba con mucha expectación la comparecencia, en la mañana de este viernes, de la diputada de Cultura alavesa, Ana del Val, en las Juntas Generales de Araba, para dar cuenta de las medidas administrativas que se adoptarán ante los presuntos casos de delitos contra la libertad de menores en los campamentos de verano de Bernedo.
Sanción de 9.000 euros y veto a Sarrea durante tres años
El caso había generado preocupación y alarma social, incluso con denuncias penales de por medio, y la reacción de la Diputación ha sido vetar a los organizadores de los campamentos. Ni Sarrea, la organización que gestionaba las colonias, ni cualquier otra entidad perteneciente a Euskal Udalekuak, el colectivo al que pertenece, estarán este verano en Bernedo. Se ha decretado así porque otra asociación vinculada a Euskal Udalekuak, Dorrekoa Kultur Elkartea, había planteado hacerse con la gestión del campamento.
Además, el expediente impone una sanción de 9.000 euros a Sarrea, que tampoco podrá desarrollar su actividad en ningún udaleku alavés durante los próximos tres años ni recibir ayudas públicas. Tampoco ninguna otra entidad perteneciente a Euskal Udalekuak.
La Diputación extiende la prohibición a Euskal Udalekuak
Se da la circunstancia de que, pese a todo lo sucedido desde el pasado verano, Sarrea ya había abierto el periodo de matriculación para la temporada estival de 2026.
La Diputación establece todas estas medidas por dos faltas administrativas graves cometidas por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. Una, no comunicar en su día a la institución foral la existencia de estas colonias; y dos, no haber facilitado la información que se le requirió al conocerse los presuntos delitos contra los y las menores.
Personación judicial por el caso de los campamentos de Bernedo
De forma paralela, el Instituto Foral de la Juventud ha presentado escrito de personación ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz.
Más de veinte denuncias penales siguen en investigación
El caso de Bernedo saltó a los medios en septiembre de 2025, y entonces se descubrió que los atestados trasladados al Juzgado de Gasteiz sobre estos presuntos delitos (los y las adolescentes de 13 a 15 años eran obligados, supuestamente, a compartir las duchas con los monitores), habían permanecido cinco meses en un cajón sin que nadie se percatara de ello. A día de hoy hay más de una veintena de denuncias penales interpuestas.
FOTOGRAFÍA: Txus Díez
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