El diputado general de Álava, Ramiro González, ha anunciado que la Diputación Foral de Álava está dispuesta a reestructurar cualquier obligación de pago pendiente que Tubos Reunidos mantenga con la institución, en el marco de la búsqueda de soluciones para garantizar la continuidad de la empresa.
González ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en las Juntas Generales de Álava, donde también ha explicado los acuerdos adoptados en el Consejo Vasco de Finanzas, cuya liquidación del ejercicio 2025 permitirá que las entidades locales alavesas dispongan de 13,6 millones de euros adicionales.
Las instituciones trabajan en la búsqueda de un proyecto industrial sólido de futuro para Tubos Reunidos, cuyo plan de viabilidad depende en gran medida de la reestructuración de la deuda de la compañía.
El Gobierno Vasco ha mostrado su disposición a reestructurar 16 millones de euros de deuda, siempre en coordinación con otros acreedores, mientras continúan los contactos con el Ministerio de Industria y la SEPI para explorar soluciones financieras.
Desde la Diputaciónse ha reiterado la voluntad de acompañar un proyecto industrial público-privado que garantice la continuidad de Tubos Reunidos, aunque las instituciones reconocen que el nivel actual de deuda dificulta la llegada de inversores privados.
Reunión institucional tras el anuncio del ERE
Además, representantes del Gobierno Vasco, las diputaciones forales de Álava y Bizkaia, los ayuntamientos de Amurrio y Trapagaran y el comité de empresa de Tubos Reunidos se han reunido este viernes en la sede del Gobierno Vasco de Lakua para analizar la situación generada tras el anuncio de un ERE que, a la espera de ser negociado con los sindicatos, afecta a 301 trabajadores.
En el encuentro han participado, entre otros, el viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta; la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo; la diputada foral Saray Zarate, la diputada foral de Bizkaia, Ainara Basurko; el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo; y el alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez.
Las instituciones han trasladado su solidaridad con los trabajadores y sus familias y han reiterado su defensa del empleo industrial en Euskadi, apostando por que el proceso de negociación entre la empresa y el comité permita minimizar el impacto social del expediente de regulación de empleo.
Instituciones y comité de empresa se han emplazado a mantener nuevas reuniones para seguir la evolución de la situación tras el anuncio del ERE.
FOTOGRAFÍA: Diputación Foral de Álava
