La UE avanza en la reforma de la PAC: la financiación de las ayudas agrarias sigue pendiente

Los ministros de Agricultura acuerdan su posición negociadora para la PAC 2028-2034, todavía sin presupuesto. Amaia Barredo reclama financiación estable para agricultores y ganaderos
Reunión de los ministros europeos de Agricultura y Pesca en Luxemburgo

Reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea celebrada en Luxemburgo. Foto: Irekia

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27 de octubre de 2026 a las 09:32

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre las bases de la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, con el objetivo de simplificar los trámites, flexibilizar la aplicación de las ayudas y orientar los fondos hacia los agricultores activos, los jóvenes que se incorporan al sector y las pequeñas explotaciones.

 

El acuerdo, alcanzado en el Consejo de Agricultura y Pesca que se celebra en Luxemburgo este lunes y martes, supone un avance en la negociación de la próxima PAC, pero no implica que la reforma esté aprobada definitivamente ni que se conozca cuánto dinero recibirá el sector agrario. Los Estados miembros han fijado una posición negociadora parcial que deberá negociarse con el Parlamento Europeo y que está condicionada al próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

 

En la reunión ha participado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, en representación de las comunidades autónomas en materia agraria, acompañada por la delegada del Gobierno Vasco en Bruselas, Marta Marín. La negociación es especialmente relevante para Álava, donde las ayudas de la PAC forman parte de los ingresos de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Una reforma de la PAC sin presupuesto aprobado

La principal incertidumbre continúa siendo la financiación. El Consejo ha acordado una orientación general parcial: una posición común sobre determinados aspectos normativos que permite avanzar, pero deja fuera las cuestiones presupuestarias todavía pendientes. No se han fijado las dotaciones definitivas de las ayudas para 2028-2034 ni puede saberse aún cómo cambiarán los importes percibidos por las explotaciones alavesas.

 

Según Barredo, es la primera vez que se acuerda el marco normativo antes que el financiero, una circunstancia que podría obligar a revisar algunas disposiciones cuando se conozca el presupuesto. «El nuevo reglamento de la PAC se ha aprobado como orientación general parcial, sin el marco financiero, lo que condicionará a futuro a modificar aquellos apartados sujetos directamente a la financiación y obligará a seguir debatiendo y negociando», ha señalado.

 

La consejera ha defendido que la simplificación administrativa vaya acompañada de recursos económicos suficientes para mantener las rentas y facilitar el relevo generacional. «Tenemos que dar estabilidad al sector a través del mantenimiento de las rentas a los agricultores, garantizar a los nuevos productores que se incorporan unas rentas justas y, por otra parte, ser más ágiles y simplificar los trámites», ha afirmado.

 

Qué cambios plantea la nueva PAC para agricultores y ganaderos

La posición del Consejo incluye cambios en la gestión de las ayudas y en las obligaciones de las explotaciones, cuya aplicación definitiva dependerá de la negociación europea.

 

  • Ayudas a la renta orientadas a los agricultores activos. Se pretende prestar especial atención a los productores que mantienen una actividad agraria efectiva, los jóvenes y las pequeñas explotaciones.
  • Mayor flexibilidad territorial. Los Estados y las regiones podrían adaptar determinadas intervenciones a las características de sus sectores agrarios.
  • Instrumentos frente a crisis. Se prevén mecanismos para activar reservas y pagos extraordinarios ante situaciones de emergencia, incluidas las consecuencias del cambio climático.
  • Simplificación de controles. Se contempla la delegación de determinadas inspecciones y la transferencia de datos para agilizar la gestión.
  • Protección del suelo. El Consejo introduce mayor flexibilidad y garantías en la aplicación de las obligaciones medioambientales.
  • Ayudas para seguros. Se permitirían determinados pagos directos a terceros en instrumentos como los seguros agrarios.

 

El texto incorpora asimismo modificaciones para favorecer el tratamiento equitativo de las ayudas en explotaciones de titularidad compartida constituidas mediante determinadas formas jurídicas empresariales, una reivindicación histórica del sector según Barredo. Ninguna de estas modificaciones entra en vigor automáticamente con el acuerdo de Luxemburgo.

 

Cómo podría afectar la reforma al campo alavés

En Álava, la futura PAC tendrá consecuencias para actividades como el cereal de la Llanada Alavesa, la patata y la remolacha, la ganadería extensiva o la viticultura de Rioja Alavesa.

 

Uno de los elementos centrales es la propuesta de un régimen de apoyo a la renta basado en la superficie y de carácter decreciente, denominado DABIS, que busca orientar mejor los recursos según las circunstancias de cada explotación. Las condiciones de aplicación aún deben concretarse. Para el territorio será relevante conocer cómo se define la figura de agricultor activo, qué requisitos se exigirán para los pagos por superficie y qué margen tendrán las administraciones para adaptar las ayudas.

Luis Planas y Amaia Barredo durante la reunión europea en Luxemburgo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la consejera vasca Amaia Barredo en Luxemburgo. Foto: Irekia

 

También tendrán importancia las medidas de gestión de riesgos. La agricultura de secano y la ganadería se enfrentan a episodios meteorológicos extremos, enfermedades y variaciones de precios y costes. El acuerdo contempla una respuesta más flexible, aunque todavía no establece los recursos que podrán destinarse a ella.

Un nuevo modelo para organizar los fondos agrarios europeos

La PAC actual se estructura en dos instrumentos principales: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), asociado sobre todo a los pagos directos y medidas de mercado, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), vinculado al desarrollo rural. La propuesta para el siguiente presupuesto comunitario plantea integrar las intervenciones agrarias en un Plan de Asociación Nacional y Regional (NRPP). Cada Estado elaboraría un plan que reuniría diferentes políticas europeas actualmente gestionadas mediante programas separados, entre ellas agricultura, cohesión territorial, pesca y determinadas medidas sociales. Se mantendrían instrumentos característicos de la PAC, pero cambiaría la estructura de programación y financiación.

 

Uno de los asuntos pendientes para administraciones y territorios rurales será cómo se distribuirán los recursos y qué capacidad de decisión conservarán los distintos niveles de gobierno. El Consejo ha avanzado en el marco normativo, pero la organización presupuestaria definitiva continúa negociándose.

 

Barredo reclama una PAC estable y adaptada a cada región

La consejera vasca ha pedido trabajar en la simplificación de trámites y en una financiación que sostenga las explotaciones y facilite el relevo generacional. Ha defendido una PAC europea, suficientemente financiada y respetuosa con la diversidad territorial, de manera que las regiones puedan atender las particularidades de su producción agrícola y ganadera.

 

Barredo considera que el acuerdo supone avances en flexibilidad, pero reconoce que el proceso negociador aún será largo.

 

La UE acuerda también las cuotas de pesca del Báltico para 2027

El Consejo de Agricultura y Pesca ha llegado además a un acuerdo político sobre límites de captura en el mar Báltico para 2027, con medidas para arenque, bacalao, platija, espadín y salmón. El objetivo declarado es favorecer la recuperación de las poblaciones y proteger el ecosistema marino, tratando de mantener la actividad del sector pesquero.

 

En el caso del bacalao, cuya situación sigue siendo delicada, se mantienen restricciones de captura. El Consejo también ha tratado el seguimiento del lenguado común en aguas de la península ibérica. España y Portugal se han comprometido a aumentar la frecuencia de las notificaciones si se supera el 80 % de la cuota total admisible no asignada para esa población, con el fin de evitar que se rebasen los límites de pesca.

 

Las conversaciones han abordado asimismo la simplificación de obligaciones pesqueras y el uso de herramientas digitales para reducir trámites sin eliminar los controles sobre las capturas.

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