La Asociación de Familias de Abendaño Ikastola (AFA) ha reclamado este martes una solución habitacional urgente para las dos familias de su comunidad escolar que han perdido sus viviendas de alquiler durante el último mes. En total son ocho menores afectados por dos desalojos que, según denuncia la asociación, se han producido sin que las familias dispongan de una alternativa adecuada para recuperar su vida cotidiana.
Madres y padres del centro han leído un comunicado durante una concentración en Vitoria-Gasteiz en la que han expresado su apoyo a las personas afectadas y han pedido a las instituciones que intervengan. La movilización llega después del desalojo de la segunda familia, la semana pasada, que estuvo precedido por una acampada de solidaridad y durante el que se produjeron enfrentamientos entre jóvenes y agentes de la Ertzaintza.
La asociación ha querido subrayar que sus reclamaciones no se dirigen contra las personas propietarias de los inmuebles. Considera que ambos casos reflejan las dificultades de acceso a una vivienda de alquiler y cuestiona la respuesta de las administraciones públicas ante situaciones que afectan directamente a niños y niñas.
Ocho menores sin una alternativa de vivienda adecuada
La primera de las familias está formada por una madre y dos menores. Según el comunicado de la AFA, los tres residen actualmente en una habitación de pensión, sin derecho a utilizar una cocina y con un baño compartido. Para la asociación, estas condiciones no permiten disponer de la estabilidad y la autonomía que necesita una familia con menores a su cargo.
La segunda familia está integrada por una madre, un padre y seis hijos menores. Tras el desalojo, asegura la asociación, el recurso que se les ofreció fue el albergue municipal, lo que les obligaría a pasar el día fuera de las instalaciones. La AFA sostiene que esta opción tampoco constituye una solución habitacional digna y estable.
«Queremos que sepan que cuentan con nosotras y nosotros», señala el colectivo, que reclama una intervención urgente para ambas familias y para todas las personas que se encuentren en una situación semejante. A su juicio, la vivienda es un derecho esencial, especialmente cuando hay menores, porque proporciona seguridad y hace posible mantener un proyecto de vida. «Un hogar no es solo un techo, supone un refugio, un sitio de seguridad y la única oportunidad de poder desarrollar un proyecto de vida», recoge el texto leído en la concentración. La asociación advierte de que pasar por un desahucio sin disponer de otro domicilio puede condicionar gravemente la estabilidad de los niños y niñas.
Críticas a la intervención de la Ertzaintza del viernes
El comunicado también expresa preocupación por la actuación de la Ertzaintza durante el desalojo del pasado viernes en Sansomendi. La movilización en apoyo a la segunda familia incluyó una acampada de solidaridad y terminó con enfrentamientos entre agentes y algunos jóvenes.
La AFA denuncia que la actuación policial fue especialmente dura y rechaza el empleo de métodos que considera violentos, sobre todo por la presencia de menores. «No se puede justificar, de ninguna manera, la utilización de métodos tan violentos, y mucho menos cuando éstos se dan contra menores de edad», afirma el comunicado. Para las familias de Abendaño, ambos hechos están relacionados por sus consecuencias para la infancia: mientras unos menores carecen de una vivienda estable, quienes se movilizan para mostrarles su apoyo se enfrentan, según denuncian, a una respuesta policial que consideran desproporcionada.
Una reclamación a las instituciones y a los medios
La asociación insiste en que no ha responsabilizado a las personas propietarias en ninguno de los dos casos. «No hay un conflicto de derechos», sostiene, y atribuye ambas situaciones a la dificultad de acceder a una vivienda en el mercado actual y a lo que considera una falta de previsión institucional en materia de vivienda y bienestar social. El colectivo también ha pedido a los medios de comunicación que preserven la intimidad de las familias afectadas. En particular, cuestiona la utilización pública de información contenida en informes municipales, al considerar que podría entrar en conflicto con la protección de datos personales. No concreta en el comunicado qué informaciones o documentos motivan esta crítica.
Con la mirada puesta en lo ocurrido durante octubre, la AFA reclama una revisión de las políticas de vivienda, servicios sociales y protección a la infancia. Su exigencia inmediata es que las dos familias puedan acceder a un alojamiento adecuado, sin perder de vista a otras personas que atraviesan situaciones similares. «¡Ninguna persona menor sin vivienda! ¡Reclamamos una solución ya!», concluye el comunicado leído durante la concentración.
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