El PNV de Amurrio ha reclamado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Gobierno español que intervengan para facilitar la venta de las unidades productivas de Tubos Reunidos y evitar que la deuda de aproximadamente 150 millones de euros con el organismo público impida la llegada de nuevos inversores. La formación considera que la continuidad de las instalaciones y la protección del empleo deben ser las prioridades del proceso concursal.
La petición llega cuando cinco posibles compradores han sido seleccionados para continuar el procedimiento y todavía no se ha resuelto cómo se tratará el préstamo público concedido a la compañía en 2021. La formación sostiene que los ofertantes se oponen a asumir ese crédito y advierte de que las condiciones reclamadas por la SEPI pueden impedir el cierre de operaciones de compra.
«Es prioritario garantizar la continuidad de las plantas, preservar su capacidad industrial y proteger el mayor número posible de empleos», afirma la organización jeltzale, que recuerda el peso histórico de Tubos Reunidos en Amurrio y Aiaraldea. Según su comunicado, del futuro del grupo dependen más de mil empleos directos, además de la actividad de numerosas empresas auxiliares.
Un rescate de 112,8 millones que ronda ahora los 150
En julio de 2021, la SEPI concedió a Tubos Reunidos un préstamo participativo de 112,8 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Los intereses acumulados han elevado la cantidad reclamada hasta cerca de 150 millones, en una compañía que arrastra un endeudamiento global próximo a los 300 millones.
La controversia gira en torno a si la deuda con el organismo estatal debe pasar a los futuros compradores de las unidades productivas. El PNV sostiene que los cinco ofertantes «no están solicitando que se condone la deuda de la SEPI», sino que esta no se traslade al nuevo proyecto industrial. Según la formación, esa posición también es compartida por la administración concursal.
Para defender su planteamiento, la formación cita el artículo 224 del Texto Refundido de la Ley Concursal, que contempla, con excepciones, que el adquirente de una unidad productiva no asuma las deudas anteriores de la sociedad concursada. La aplicación de esa regulación al crédito público y su compatibilidad con las normas españolas y europeas deberán resolverse en el propio proceso.
El partido reconoce que la SEPI debe proteger los recursos públicos y respetar la normativa europea, pero le pide identificar los impedimentos legales concretos y explorar alternativas. Entre ellas plantea una posible reestructuración de la deuda y, únicamente si fuera legalmente admisible, una quita total o parcial.
Una mesa técnica antes de las ofertas vinculantes
La principal propuesta del PNV de Amurrio es constituir una mesa técnica con representantes de la SEPI, la administración concursal y los potenciales compradores. Pide que el organismo público designe interlocutores con capacidad de decisión y que las negociaciones se celebren antes de que venza el plazo para presentar ofertas vinculantes.
La formación reclama que el trabajo de esa mesa desemboque en una propuesta escrita y motivada con las opciones disponibles, sus límites legales y un calendario para resolverlas. Considera insuficiente una mera flexibilización de los plazos o de los intereses del préstamo si no permite concretar proyectos industriales viables.
«Es necesario pasar de las declaraciones a los compromisos concretos. No basta con anunciar flexibilidad en los plazos y los intereses si los potenciales compradores no están en disposición de presentar ofertas finales», señalan desde EAJ-PNV Amurrio.
Amurrio, Nanclares de la Oca y Trapagaran
La organización jeltzale pide que, dentro de los criterios legales de adjudicación, se favorezcan las soluciones que permitan mantener operativas las unidades productivas y sus vínculos tecnológicos y comerciales, especialmente en las instalaciones de Amurrio, Nanclares de la Oca y Trapagaran. El objetivo, sostiene, debe ser preservar tanto la producción como el tejido industrial vinculado a las fábricas.
También exige que los proyectos de compra incluyan compromisos verificables de inversión, actividad y empleo, además de garantizar la participación de la representación de las personas trabajadoras. Por el momento, la continuidad de todas las instalaciones y los puestos de trabajo dependerá de las ofertas definitivas y de su resolución en el concurso.
El papel de los aranceles y las decisiones empresariales
La crisis de Tubos Reunidos ha sido la consecuencia de los elevados costes, la deuda acumulada y las dificultades comerciales. Los aranceles al acero de hasta el 50 % adoptados por la Administración estadounidense en 2025 afectaron a un grupo para el que Estados Unidos representaba alrededor de la mitad de las ventas.
No obstante, el partido insiste en que el deterioro de Tubos Reunidos no puede explicarse solo por el contexto internacional. También atribuye responsabilidad a la dirección de la compañía por el incumplimiento de los objetivos de su plan estratégico y el empeoramiento de las pérdidas durante el primer semestre de 2026.
«La plantilla no es responsable de esta situación y no puede convertirse en quien pague sus consecuencias. Las decisiones que se adopten en el actual proceso concursal deben poner en el centro la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo», manifiesta la formación.
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