Las asociaciones de familias de la ikastola Abendaño y del instituto Miguel de Unamuno han exigido este lunes, 9 de noviembre, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que investigue la posible filtración de datos personales de una familia desahuciada el 23 de octubre en Sansomendi. Durante una comparecencia ante una comisión municipal, sus representantes han cuestionado que dos informaciones periodísticas difundieran detalles privados de la familia y citaran informes municipales como fuente. También han denunciado que ocho menores de dos familias afectadas por desahucios siguen alojados en condiciones que consideran inadecuadas.
Información inexacta
Esther Pérez, Susana Folgueira y Nagore Enciso, representantes de las asociaciones, han situado la protección de la intimidad de las familias entre sus principales reclamaciones. Según han expuesto, informaciones publicadas el 24 de octubre incluyeron referencias a las creencias religiosas y a las prestaciones sociales de una de las familias, además de otros datos personales. Sostienen que parte de la información era inexacta y que algunas cifras se basaban en estimaciones.
Las comparecientes aseguran que los artículos mencionaban documentación municipal, por lo que han pedido al Consistorio que aclare de dónde procedían esos informes, quién pudo consultar los expedientes y si se produjo una comunicación de información a la prensa. Reclaman, además, que se examine si pudo existir una vulneración de la normativa de protección de datos y si correspondería comunicarla a la Autoridad Vasca de Protección de Datos.
Las asociaciones sostienen que la difusión de información privada ha tenido consecuencias para la familia, que ha recibido mensajes ofensivos y estigmatizadores en las redes sociales. Han pedido que el debate público evite reproducir rumores o datos sin contrastar y que se preserve especialmente la intimidad de los menores.
Movilización de la comunidad educativa
Las comunidades educativas de Abendaño y Miguel de Unamuno se movilizaron ante los desahucios de dos familias con ocho menores, previstos para el 5 y el 23 de octubre. Después de que ambos se ejecutaran, continuaron reclamando alternativas habitacionales estables.
En la comparecencia de este lunes han detallado las circunstancias en las que, según sus testimonios, siguen viviendo las dos familias. La primera está formada por una madre y dos hijos que perdieron su vivienda el 5 de octubre. Las asociaciones afirman que, tras el desalojo, fueron alojados en una habitación de un establecimiento hostelero en la que continúan más de un mes después. El baño es compartido y no disponen de cocina ni de un espacio propio donde los menores puedan estudiar, jugar y desarrollar su rutina con tranquilidad.
La segunda familia tiene seis hijos menores de edad y fue desahuciada el 23 de octubre en Sansomendi. Según las representantes escolares, ahora se aloja en un recurso de acogida nocturna pensado para personas adultas, del que debe salir a las 9:00 horas entre semana y al que no puede regresar hasta las 20:00. Los fines de semana, aseguran, la salida se produce a las 12:00. La falta de acceso durante el día a una vivienda, una cocina o un lugar donde descansar preocupa especialmente a las asociaciones porque una de las niñas necesita cuidados y una alimentación adaptada a su situación de salud.
Ante estas circunstancias, las asociaciones han preguntado si existe una prescripción técnica individualizada que justifique la idoneidad de ambos alojamientos, qué otras opciones se estudiaron y qué actuaciones llevaron a cabo los servicios sociales municipales antes de los desahucios. Consideran que el interés superior de los menores debe ocupar un lugar central en la valoración de cualquier recurso de emergencia.
Informe de vulnerabilidad
También han recuperado las declaraciones que, según han recordado, realizó el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, el 28 de octubre en Radio Vitoria. Las representantes señalan que Itxaso afirmó entonces que su departamento no había recibido del Ayuntamiento un informe de vulnerabilidad de la familia desahuciada en Sansomendi. Por ello, piden saber si el Consistorio elaboró ese documento, si lo remitió al Gobierno Vasco y si solicitó estudiar una adjudicación extraordinaria de vivienda.
En paralelo, reclaman conocer cuántas viviendas y alojamientos de titularidad municipal existen, cuántos están disponibles, cuáles se reservan para emergencias sociales y qué alternativas se han considerado para estas dos familias. Durante su intervención han citado datos del Observatorio Vasco de la Vivienda sobre las diferencias territoriales en el parque municipal destinado al alquiler, aunque esa estadística no permite conocer por sí sola los alojamientos de emergencia concretos disponibles en Vitoria-Gasteiz.
La comparecencia ha concluido con tres peticiones: una alternativa residencial digna e inmediata para ambas familias, una investigación sobre el posible origen de los datos personales difundidos y la remisión al Gobierno Vasco de la documentación de vulnerabilidad que corresponda. Las asociaciones insisten en que los ocho menores necesitan un espacio estable donde descansar, alimentarse y continuar su vida escolar.
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